Saltillo,
Coahuila. A 03 de Marzo de 2016.-El
Gobernador Rubén Moreira Valdez, firmó y promulgó el Decreto que reforma
diversos ordenamientos en materia de Conflicto de Intereses, que constituye un
precedente trascendental en México en materia de transparencia y en la lucha
contra la corrupción.
Ante el Presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller y el Consejero Presidente del
ICAI, Jesús Flores Mier e integrantes del Gabinete, el mandatario estatal
reafirmó el compromiso de su administración con la transparencia y la rendición
de cuentas.
En la ceremonia, a la que asistieron las
diputadas Georgina Cano y Sonia Villarreal, impulsoras de la también llamada
“Ley Anticochupo”, destacó que de esta manera Coahuila se consolida como punta
de lanza en el país en materia de transparencia.
Asimismo, solicitó al Secretario de
Fiscalización y Rendición de Cuentas, Carlos Cabello, que en los próximos días
detalle personalmente a los servidores públicos estatales la trascendencia de
la nueva Ley que establece sanciones que pueden ir desde seis meses hasta seis
años de prisión y multa a quien incurra en conducta delictuosa.
“Está a la par del delito de negociación
ilícita contemplada en el Artículo 199 del Código Penal que señala una pena de
seis meses a ocho años de prisión, multa, retiro del cargo e inhabilitación
para ejercer la función pública hasta por ocho años para el funcionario que
contrate algún servicio u obra pública, existiendo conflicto de intereses”,
abundó.
Rubén Moreira, agregó que esta Ley
también es “elemento de protección para el servidor público y no de represión
para él o ella. Tendrá (n), la obligación de manifestar públicamente si tiene o
no conflicto de interés” al momento de concertar algún contrato con instancias
estatales o municipales.
En ese contexto, aseveró que la norma
evita que algún servidor público, incluso sin saberlo, beneficie indirectamente
a algún familiar, cercano o lejano, con la contratación de algún servicio, por
lo que la Ley establece la obligación de manifestar públicamente si hay o no
conflicto de intereses con tal o cual proveedor.
De esta manera, añadió la Ley de Transparencia
de Coahuila avanza con firmeza y es referente a nivel nacional.
Mientras que la diputada Georgina Cano,
detalló que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), define al conflicto de intereses como aquel que se da entre las
obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público que
puedan influir en su desempeño.
“Se presta para obstaculizar el
desarrollo económico de un municipio o estado, e inclusive para desviar
recursos que podrían ser ocupados en beneficio de todos, dando paso, así, a la
corrupción”, subrayó.
La Ley, agregó, busca evitar la
corrupción y fomentar la transparencia en las contrataciones y que los
particulares que aspiren a ser proveedores del Gobierno del Estado o de los
Municipios, se abstengan de hacerlo si es que tienen conflicto de intereses, so
pena de las implicaciones legales correspondientes.
En ese sentido, indicó, se reformaron
las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; la de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.
También, la de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales así como el Código Penal.
Por su parte, el titular de la SEFIR,
Carlos Cabello, refirió que a iniciativa de Rubén Moreira, constantemente en
Coahuila se actualizan las normas y lineamientos tendientes a evitar actos de
corrupción en dependencias estatales y de sus servidores públicos.
“Anteriormente, existían actos
contractuales entre particulares y el Gobierno que a simple vista pudieran
sugerir acciones irregulares y que generaban sospechas por sus circunstancias”,
abundó.
Reiteró que el conflicto de intereses se
presenta cuando aquellos servidores públicos tienen alguna relación personal,
familiar o de negocios con proveedores, ya sean personas físicas o morales, que
les lleve a desempeñar inapropiadamente su función.
Asistieron, además, los Secretarios de
Gobierno, Infraestructura y Finanzas, Víctor Zamora, María Esther Monsiváis e
Ismael Ramos; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos; la Consejera
Jurídica del Ejecutivo, Sandra Rodríguez y el Subsecretario de Egresos, Julián
Montoya de la Rosa.
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