Saltillo, Coahuila. A 30 de Septiembre
del 2020.- El Congreso del Estado aprobó reformas
a la Ley de Medios de Impugnación en materia política electoral y participación
ciudadana con la finalidad de incluir en concepto de violencia política de
género en la legislación estatal como causal de nulidad de una elección, de
esta manera se armoniza la reforma con las disposiciones federales en la
materia.
La
Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares de manera conjunta con el Diputado
Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor presentaron la iniciativa que adiciona el
artículo 82 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y
de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se
adiciona al artículo 82 que establece son causales de nulidad de una elección
de diputado de mayoría relativa, Ayuntamiento o de gobernador del estado,
cualesquiera de las siguientes:
¨IX.
Cuando se acredite violencia política o violencia política de género. El
Tribunal deberá además, dar vista a las
autoridades correspondientes¨
¨Más
allá de las medidas que se han tomado en el estado de Coahuila para erradicar
estas prácticas con sanciones de naturaleza penal, también es importante
implementar medidas para que dichas conductas no se presenten en el marco de
los procesos electorales. Conductas que han ido en aumento a partir del proceso
electoral federal del año 2015, de acuerdo con los propios datos arrojados por
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)”,
enfatizó Guerrero Cázares.
Así
como la violencia de género debe ser combatida, erradicada y sancionada en
todos los ámbitos, sean públicos o privados, expuso, con más razón deben
perseguirse en el escenario político, desde el espectro de los procesos
electorales considerados la génesis de todo régimen democrático.
¨Es
imposible decretar la validez de cualquier elección, si en esta se vulneró los
principios de todo contexto democrático. La nulidad es una garantía extrema,
una válvula de seguridad para procurar la subsistencia del sistema
democrático”, sostuvo.
La
Diputada del Distrito 3 sostuvo que por ello el espíritu de la iniciativa es
contar con garantías de igualdad los procesos electorales, máxime, como ya se
dijo, cuando vivimos en una sociedad con cimientos socioculturales sostenidos
por el patriarcado.
Destacó
que la violencia de género es un problema universal, pero para comprender mejor
los patrones de violencia y sus causas y, por lo tanto, eliminarlas conviene
partir del conocimiento de las particularidades históricas y socioculturales de
cada contexto específico.
¨Por
consiguiente, es necesario considerar qué responsabilidades y derechos
ciudadanos se les reconocen a las mujeres en cada sociedad, en comparación con
los que se les reconocen a los hombres, y las pautas de relacionamiento que
entre ellos se establecen”, explicó.
Sostuvo
que la violencia política contra las mujeres en razón de género es un factor
que desincentiva la participación, ingreso y permanencia de las mujeres en la
arena político- electoral. En el entendido, dijo que la violencia política
contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas,
servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en
razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan
desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus
derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Reconoció que aunque existen diversas instancias responsables de velar por las víctimas de violencia de género, entre ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Instituto Nacional Electoral; la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; el Instituto Nacional de las Mujeres; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y diversas instancias a nivel estatal es necesario que la legislatura contribuya con la construcción de políticas y normas que coadyuven en erradicar este fenómeno que flagela los derechos políticos de las víctimas y vulnera nuestra democracia.
