Sabinas, Coahuila. A 05 de
Noviembre del 2020.-El grupo parlamentario de UDC
planteó ante el pleno del Congreso del Estado reformas a diversas legislaciones
estatales para garantizar mayor cobertura en política pública y programas de
gobierno en favor de las mujeres rurales y de la misma manera el Poder
Legislativo exhortó a las autoridades estatales y federales incrementar los
programas de apoyo económico y garantizar los derechos de las mismas acorde a
estándares internacionales.
La
iniciativa de reforma y el punto de acuerdo fueron presentados por la diputada
Zulmma Verenice Guerrero Cázares de manera conjunta con Emilio Alejandro De
Hoyos Montemayor. El punto de acuerdo aprobado de forma unánime por el Congreso
del Estado planteó los siguientes puntos:
Un
exhorto la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila conjuntamente con el
Instituto Coahuilense de las Mujeres a que informe de forma desagregada qué
acciones destinadas a las mujeres rurales, indígenas y comunidades tribales
para su desarrollo económico y su vida plena, y de igual forme informen el
presupuesto destinado al mismo.
De
igual forma al Gobierno Federal y Gobierno Estatal a través de las instancias
correspondientes para que incrementen los programas que fortalezcan los
derechos de las mujeres rurales a través de responsabilizar de forma específica
a una instancia rectora que de seguimiento al cumplimiento de los compromisos
nacionales e internacionales en la materia.
La
legisladora Guerrero Cázares destacó que las reformas legislativas también
planteadas se basan en el contexto de desigualdad que viven las mujeres rurales
en nuestro país aun cuando su trabajo es determinante para la seguridad
alimentaria, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo del campo.
“Con
estas reformas buscamos implementar medidas en la legislación local a favor de
los derechos de las mujeres rurales, su participación en los diversos aspectos
del ámbito rural y relativas a la promoción del trabajo de ellas en el estado
de Coahuila de Zaragoza.”, explicó.
La
iniciativa plantea propuestas donde se incluye a las mujeres rurales en los
mecanismos legales existentes de protección de sectores vulnerables
especialmente a las de un nivel medio a alto nivel de pobreza o marginación,
como titulares del derecho a la asistencia social las personas que se
encuentren en situación de vulnerabilidad y sus familias, establecido en la Ley
de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado.
Guerrero
Cázares destacó que también modifica la Ley para Jefas de Familia del Estado
para incluir como condición de vulnerabilidad sujeta a la protección de dicha
ley a las mujeres que residan en una localidad rural de medio a alto nivel de
pobreza o marginación y de igual forma
las reformas a la Ley para la Prevención y Combate a la Pobreza Extrema
en el Estado para incluir a las mujeres jefas de familia en el objeto de los
apoyos estarán destinados al aumento en la producción de alimentos en los
sectores rurales.
Así
como la implementación de una serie de medidas económicas que ayuden a las
mujeres rurales a su desarrollo y la Ley de Desarrollo Económico del Estado
para incluir a los proyectos conformados por mujeres residentes de zonas
rurales del Estado o que empleen a estas en aquellos que sean objeto de los
estímulos e incentivos previstos por esta Ley.
La
legisladora del Distrito 3, destacó que esta reforma integral propone reformar
la Ley de Fomento Cooperativo del Estado para disponer como política pública
del Estado en la materia el impulso de acciones, sistemas y mecanismos
dirigidos a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través
del sistema cooperativo y la promoción de la igualdad en el trabajo y los
procesos productivos.
Sobre
esta misma legislación, se imponen a la Secretaría de Desarrollo Rural del
Estado obligaciones relacionados con el impulso de la participación de las
mujeres que viven y trabajan en zonas rurales del Estado en el sector
cooperativo, a través de sociedades cooperativas y otras actividades
relacionadas con el sistema cooperativo del Estado.
También
se dispone como objeto de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el
Estado el garantizar el derecho de participar a las mujeres y hombres, eliminar
la discriminación, y proteger y garantizar sus derechos en todos los aspectos
del ámbito rural del Estado, señalando las acciones que se realizarán a través
de dichos objetivos.
De
acuerdo al INEGI respecto a la jefatura de hogares, en 2010, 20.6% de los
hogares de localidades rurales con menos de 15,000 habitantes tenían jefatura
femenina, lo que representa 2 millones de hogares. De esos, 18.2% estaba en
situación de pobreza alimentaria; 25.3% en pobreza de capacidades y 48.9% en
pobreza patrimonial.
De igual forma, para el tema de las viviendas rurales, de acuerdo con el INEGI, en localidades de menos de 2 500 habitantes, el porcentaje de viviendas en que se usa leña o carbón es 49.2%; en 93.5% de las viviendas rurales cuentan con energía eléctrica, 93.7% en los casos de hogares con jefatura femenina y en 93.4% de los hogares con jefatura masculina. Con drenaje cuenta sólo el 68.6% de las viviendas de localidades rurales; 69.7% de las de hogares con jefa mujer y 68.3% de las de hogares con jefe hombre.
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