Saltillo,
Coahuila. A 26 de Enero de 2014.- El
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza presentó tres iniciativas de
reforma ante el Congreso Local, para su análisis, discusión y en su caso,
aprobación. Dichas iniciativas de reforma son a la Ley de Responsabilidad
Patrimonial del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios; la creación del Código de Justicia
Administrativa para el Estado; y la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración
Pública.
Iván Garza, Secretario Técnico y de
Planeación, con la representación del Gobernador Rubén Moreira Valdez, fue
quien presentó estas iniciativas de reforma ante José María Fraustro Siller,
presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; los diputados
Georgina Cano y Francisco Tobías, presidentes de las comisiones de Derechos
Humanos y de Gobernación y Puntos Constitucionales, respectivamente; además de
diputadas y diputadas integrantes de dichas comisiones.
El Secretario Técnico expuso que para
reglamentar lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se presenta la iniciativa de Ley de Responsabilidad
Patrimonial del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus municipios, cuyo objeto es
determinar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a indemnización
a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños a su persona, o
en cualquiera de sus bienes o derechos, como consecuencia de alguna actividad
administrativa irregular por parte del estado o de los municipios.
El reconocimiento de la responsabilidad
del Estado frente a los particulares ha sido considerado un gran avance en el
plano de las garantías del ciudadano. Las afectaciones que puedan sufrir los
particulares deben ser en principio prevenidas, reparadas y en su caso,
resarcidas.
Por lo anterior, el Ejecutivo Estatal
pretende, a través de esta iniciativa, garantizar la integridad patrimonial de
los particulares por los daños causados como consecuencia del funcionamiento de
los entes públicos, con base en el deber estatal de indemnizar al particular
que sufra la lesión en su patrimonio sin tener obligación jurídica de ello.
Esta iniciativa contiene aspectos
concretos tales como la enunciación de los sujetos obligados; la autoridad
competente para conocer y resolver los procedimientos de responsabilidad
patrimonial del estado; el procedimiento que habrá de iniciarse con dicho fin;
así como las características de la indemnización.
Asimismo, se presentó la iniciativa para
la creación del Código de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de
Zaragoza, mismo que no sólo recoge un mandato constitucional, sino también un
deseo largamente anhelado por los coahuilenses, que es el de contar con un
ordenamiento que compile, las
disposiciones aplicables tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito
jurisdiccional, a través de los procedimientos ante autoridades administrativas y el proceso ante el tribunal contencioso
administrativo del Poder Judicial del Estado.
En relación a la justicia
administrativa, esta iniciativa atiende los lineamientos de la
Constitución Federal y la Estatal,
confiándola al tribunal de lo contencioso administrativo, como órgano
especializado del Poder Judicial, dotado de autonomía constitucional.
Este tribunal fue previsto en la
Constitución del Estado en cumplimento a lo dispuesto por la Constitución de la
República. Sin embargo, en más de 25 años no fue expedida una Ley que regulara
su funcionamiento como la que hoy se propone a consideración.
Finalmente y con el objeto de ajustar la
estructura y organización de algunas áreas de la administración pública y con
ello garantizar que sus instituciones se desempeñen de manera eficaz y
eficiente en cuanto a las funciones y tareas que tienen encomendadas, se
propuso al Congreso la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
La referida iniciativa prevé la
desaparición de la Jefatura de la Oficina del ejecutivo, y que sea la
Secretaría Técnica y de Planeación, el área que asuma las funciones de
coordinación de las acciones y programas de las dependencias de Gobierno,
promoviendo el adecuando funcionamiento de las políticas públicas y vigilando
el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.
En consecuencia se transfieren a la
Secretaría Técnica y de Planeación la unidad de Derechos Humanos; la unidad Administrativa;
la unidad de Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal; y
la unidad de Acceso a la Información Pública, que corresponde al despacho del
Ejecutivo.
Por otro lado se le atribuyen a la
Secretaría Técnica y de Planeación facultades en el área de presupuesto e
inversión pública, toda vez que la planeación estratégica es base indispensable
para la toma adecuada de decisiones.
Al efecto, se establece que la
Secretaría Técnica y de Planeación del Ejecutivo coadyuvará con la Secretaría
de Finanzas con el objeto de que cada una de las dependencias pueda realizar
sus funciones en forma eficaz y eficiente.
Además, a través de esta iniciativa para
reformar las diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, se propone la eliminación de la
Secretaría de Turismo, trasfiriendo el despacho de sus asuntos a la Secretaría
de Desarrollo Económico y Competitividad.
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