
El evento se desarrolló en
las instalaciones del Instituto
Tecnológico de la Región Carbonífera con la presencia de la titular del
consejo teresa Guajardo Bernal con la finalidad de exponer y aclarar las
medidas necesarias para el resguardo adecuado y el blindaje requerido para este
próximo proceso electoral.
Asistieron representantes de
los cinco municipios así como los alcaldes y sus representantes, así mismo
diputados locales y secretarios de gobierno fueron testigos de este evento
donde se logró desarrollar los acuerdos requeridos para poder blindar los
comicios electorales que permitirá elegir democráticamente a los próximos
funcionarios municipales por el periodo 2019-2021.
Cabe señalar que la
iniciativa de estas acciones fueron presentadas por los diputados locales ante
el congreso para que se pudiera establecer el desarrollo adecuado de un
blindaje efectivo que permitirá mejorar las acciones correspondientes, entre
estos la diputada Zulma Guerrero Cazares, Jaime Bueno Zertuche entre otros que
logran hacer un trabajo más eficiente para cumplir con las normativas
requeridas.

Señaló que los vehículos
oficiales correspondientes a cada municipio deberán de estar en resguardo a pocos
días de la elección y las mismas instalaciones contaran con sellos de clausura
o cerrado para evitar la coacción del voto, además se dispondrá de 25 testigos
sociales que serán dispersos en toda la carbonífera para vigilar que se cumpla
con las normativas establecidas en las cinco presidencias municipales así como
en las 23 oficinas estatales que brindan algún servicio a la ciudadanía.
Dentro de las acciones
requeridas se establecieron los compromisos en presencia del Secretario de
Seguridad Pública del estado José Luis Pliego Corona, el Secretario de Finanzas
estatales Blas José Flores Dávila así como diputados y funcionarios de primer
nivel de cada uno de los cinco municipios.

Lo cierto es que se contará
con acciones dentro de la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas
para que se pongan las quejas y denuncias ante las irregularidades que se
generen que o pudieran incurrir en un delito, así mismo se otorga a las
contralorías municipales tomar las medidas adecuadas para exponer la
investigación correspondientes ante cualquier sospecha de irregularidad.
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