Saltillo, Coahuila. A 13 de junio de 2018.-Pese a que
en Coahuila es un derecho ciudadano solicitar la realización de un referendo o
de un plebiscito cuando no se está de acuerdo en alguna decisión de gobierno o de
materia legislativa, los interesados no
logran llevar a cabo este procedimiento porque se les pide un porcentaje de
firmas casi imposible de cumplir, señaló el Gerardo Aguado Gómez, quien propuso
modificaciones a la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado para hacer más accesible ese requisito.
“La evolución de la política es la
participación ciudadana, ya que al ser tomados en cuenta los ciudadanos y ser
parte de las decisiones del estado, automáticamente mejorará la gobernanza, que
se da cuando hay armonía entre ciudadanos y gobierno y por consecuencia traerá
una mejor democracia participativa que dicho sea de paso, le urge a Coahuila”
Detalló que la citada ley de
participación ciudadana, establece que para solicitar tanto el plebiscito
estatal como el referendo, se requiere
el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores
del estado, quienes deberán anexar a su solicitud una relación con sus nombres,
firmas y claves de su credencial de elector.
Sin embargo, en 16 años que lleva
vigente dicha ley, los mencionados mecanismos
de consulta jamás se han llevado a la práctica, y la principal razón es que los
requisitos son de casi imposible realización para el ciudadano, en especial reunir
el porcentaje mínimo de electores para iniciar el trámite correspondiente, por
ello propone reducir el porcentaje y que sólo se requiera del cero punto cinco
por ciento de las personas inscritas en la lista nominal del estado.
Cabe recordar que el plebiscito es
la consulta mediante la cual los ciudadanos aprueban o rechazan las decisiones
del Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, mientras que el referendo es
la consulta mediante la cual aprueban o rechazan una iniciativa de ley o
decreto.
“No podemos como legisladores crear
leyes de imposible aplicación, leyes con candados para que el ciudadano no
pueda hacer uso de ellas cuando las necesite… la participación ciudadana en las
tomas de decisión gubernamentales y legislativas debe estar garantizada, que
sea un derecho real” expresó en tribuna.
A esta Iniciativa se le dio primera
lectura y fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio.
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