Con el respaldo de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD Y PVEM, fue aprobada la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, propuesta por la diputada federal Alma Carolina Viggiano de Moreira, misma que tiene por objetivo establecer las bases de coordinación entre la Federación, estados y municipios para combatir las causas y no sólo los efectos del fenómeno de la inseguridad pública en nuestro país.
Este ordenamiento permitirá también la articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones destinadas a combatir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos.
“Actualmente, hay muchos recursos que están en la estructura programática del Presupuesto dedicados a programas de prevención de manera directa e indirecta, pero de lo que se trata es de que haya una política pública sobre el tema, un programa nacional, (en el) que se puedan optimizar los recursos, y que cada nivel de gobierno tenga claras sus obligaciones”, puntualizó en tribuna Viggiano de Moreira.
La legisladora federal priista definió al tiempo el concepto de la prevención social de la violencia y la delincuencia como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.
Indicó que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta ley, debiendo observar determinados principios.
“Esta ley no crea más burocracia; por el contrario, retoma la infraestructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tiempo que integra a todas las dependencias y entidades que desempeñan funciones de coadyuvancia en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia”, sintetizó.
Alma Carolina Viggiano de Moreira destacó que esta ley contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos; el desarrollo de políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria, así como a la intersectorialidad y a la transversalidad.
“Estos últimos, consistentes en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo”, precisó.
Al referirse a la continuidad de las políticas públicas, Carolina Viggiano explicó que ésta trata de garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación.
El ordenamiento aprobado este jueves en San Lázaro fue presentado en 2009 por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y, tras ser aprobado en el Senado de la República, obtuvo el respaldo de los diputados federales, por lo que será enviada al Presidente Felipe Calderón para su publicación.
La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia está integrada por 30 artículos y 7 capítulos, los cuales son: Disposiciones generales, de la prevención social de la violencia y la delincuencia, de las instancias de coordinación, de la coordinación de programas, del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, del financiamiento y de las sanciones.
Este ordenamiento permitirá también la articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones destinadas a combatir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos.
“Actualmente, hay muchos recursos que están en la estructura programática del Presupuesto dedicados a programas de prevención de manera directa e indirecta, pero de lo que se trata es de que haya una política pública sobre el tema, un programa nacional, (en el) que se puedan optimizar los recursos, y que cada nivel de gobierno tenga claras sus obligaciones”, puntualizó en tribuna Viggiano de Moreira.
La legisladora federal priista definió al tiempo el concepto de la prevención social de la violencia y la delincuencia como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.
Indicó que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta ley, debiendo observar determinados principios.
“Esta ley no crea más burocracia; por el contrario, retoma la infraestructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tiempo que integra a todas las dependencias y entidades que desempeñan funciones de coadyuvancia en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia”, sintetizó.
Alma Carolina Viggiano de Moreira destacó que esta ley contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos; el desarrollo de políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria, así como a la intersectorialidad y a la transversalidad.
“Estos últimos, consistentes en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo”, precisó.
Al referirse a la continuidad de las políticas públicas, Carolina Viggiano explicó que ésta trata de garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación.
El ordenamiento aprobado este jueves en San Lázaro fue presentado en 2009 por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y, tras ser aprobado en el Senado de la República, obtuvo el respaldo de los diputados federales, por lo que será enviada al Presidente Felipe Calderón para su publicación.
La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia está integrada por 30 artículos y 7 capítulos, los cuales son: Disposiciones generales, de la prevención social de la violencia y la delincuencia, de las instancias de coordinación, de la coordinación de programas, del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, del financiamiento y de las sanciones.
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