Saltillo, Coahuila. A 7 de Octubre del 2020.- El grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila presentó reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza con la finalidad de mejorar, facilitar y eficientizar la forma en que se accede a esta información y hacer más fácil de esta manera la recaudación, la entrega y la presentación de la información, al plantear de manera más clara criterios de entrega y de evaluación de información para que las autoridades puedan cumplir con sus obligaciones.
La
diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares presentó la iniciativa conjuntamente
con su compañero Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor que incluyen al catálogo
de sujetos obligados a esta ley a los órganos y las dependencias del Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial, y el Poder Legislativo del Estado, a los
Ayuntamientos y la Administración Pública Municipal, así como a los órganos o
dependencias de interés público, a las personas físicas o morales que ejerzan
recursos públicos o realicen actos de autoridad y gocen de autonomía
presupuestal o administrativa.
¨Es
por ello por lo que la propuesta se encamina a crear un vínculo directo, sin
intermediarios, entre todas las personas y los organismos obligados y el
Instituto Coahuilense de Información Pública para poder ser evaluados y
revisados de forma autónoma creando así una obligación directa y personal, y
propiciando, por tanto, una mayor transparencia¨, explicó la legisladora.
También
destacó que propone instrumentar canales de comunicación entre el Instituto
Coahuilense de Información Pública y los sujetos obligados para que exista
continuidad, mayor objetividad y seguridad al establecer y dar a conocer clara
y taxativamente los criterios de evaluación utilizados por el instituto.
Esto
planteó a través de exhortos a los sujetos obligados presentar informes
uniformes y más completos que logren mejorar su evaluación en general y, por
tanto, su presentación final de manera más coherente y comprensible.
¨Esto
permitirá tener conocimiento concreto de que se evalúa, saber con certeza en
qué se cumpliendo, qué se puede mejorar y en qué se está fallando. De esta
manera el mecanismo no solo cumple con su obligación de presentar información,
sino que, además, los informes cumplen así verdaderamente con el objetivo final
que tienen: contribuir a la monitoreo y rendición de cuentas para orientar la
toma de decisiones y las políticas públicas futuras”, enfatizó.
Además,
que el Consejo General emita criterios generales con base en las evaluaciones
emitidas y los recursos resueltos, que sirvan como criterios orientadores para
los sujetos obligados, de manera que ellos puedan dar cumplimento a sus
obligaciones mediante la referencia de pautas uniformes y claras.
La
iniciativa propone desglosar y presentar con mayor claridad la información
relativa a la remuneración que perciben los funcionarios públicos. Esto en el
sentido de informar no solo sobre los ingresos que perciben los funcionarios o
empleados en cada puesto en específico, sino poder comparar y relacionar el salario
total que perciben aquellos funcionarios que ocupan más de un cargo o perciben
más de un salario por su desempeño en diferentes cargos y cuyo salario real,
bajo el esquema que plantea actualmente la ley, no se ve reflejado.
¨Esto
debido a que la forma en que se planteó originalmente la rendición de esta
información da cabida al falseamiento o disimulación de información, puesto que
permite dispersar los ingresos reales mediante el reporte de un salario menor
al que realmente se percibe, lo que se traduce la percepción de que dicha
información no corresponde a la realidad¨, expuso la legisladora.
Guerrero
Cázares destacó que la reforma también propone que el Poder Judicial por
conducto del Tribunal Superior de Justicia publique sentencias claras, que
permitan su fácil comprensión para permitir que sean más accesibles y cercanas
a la ciudadanía.
¨Todo esto con el objeto de proporcionar información más veraz y apegada a los hechos, que refleje la realidad fáctica y se traduzca realmente en lo que significa cada pieza de información; que no de espacio a la oscuridad, a la disimulación o manipulación de datos, cifras o información de manera que sirvan para el encumbramiento de actos que favorecen a ciertos particulares o den cabida a la corrupción. Solo mediante una verdadera rendición de cuentas se podrá lograr que estos mecanismos cumplan con el único propósito para el que fueron creados¨, enfatizó la legisladora.
La
legisladora recordó que el acceso a la información pública es un derecho fundamental
dentro de cualquier sociedad democrática. Por medio de este, cualquier persona
puede conocer y solicitar la información sobre la generación, uso y
administración de recursos públicos.
Además
destacó que el acceso a la información y la rendición de cuentas permiten a los
ciudadanos y a las ciudadanas participar en los asuntos políticos o públicos y
monitorear las acciones del Estado a través de una constante interacción entre
la actividades que realizan las y los funcionarios públicos u organismos
públicos así como la forma en que emplean el recurso público, y por otro lado,
el monitoreo, escrutinio y aprobación que las y los ciudadanos realizan
respecto de estas actividades; todo lo cual permite y garantiza una rendición
de cuentas.
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